[Venezuela, Ciudad] – Una reciente revelación ha puesto en foco la alarmante persecución de los masones en Venezuela, destacando su caracterización como un posible crimen contra la humanidad. En un contexto en el que los hechos presentados dan cuenta de un ataque generalizado y sistemático contra un grupo o comunidad con identidad propia, basado en diversas razones, la exposición de estos eventos busca arrojar luz sobre una problemática de gran envergadura en el país.
El caso de persecución a los masones ligados a Óscar Pérez ha tomado un giro significativo al ser presentado ante la Corte Penal Internacional. Los acontecimientos han sido analizados bajo el prisma del Estatuto de Roma, que establece los lineamientos para considerar si un conjunto de actos constituye un crimen contra la humanidad. Las circunstancias de esta persecución, basadas en motivaciones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas y de género, han llevado a la consideración de que el caso podría ser catalogado como tal.
Se ha puesto de manifiesto la pertenencia de Óscar Pérez a la Logia Santiago Mariño número Doscientos Ocho, lo que desencadenó una serie de consecuencias que afectaron no solo a Pérez, sino también a sus compañeros masones de dicha logia, así como a miembros de otras logias vinculadas a la Gran Logia de la República de Venezuela.
La exposición revela detalles escalofriantes, como las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y José Pimentel, miembros de la logia en cuestión. Los informes forenses han arrojado indicios de ejecución en lugar de enfrentamiento, lo que agrava la seriedad de los hechos. Además, se relatan las intimações, persecuciones y torturas sufridas por otros miembros de la Logia Santiago Mariño número Doscientos Ocho, dejando en evidencia una estrategia de represión que se ha extendido a varios aspectos de la vida de los masones afectados.
La situación se torna aún más crítica con la denuncia de desapariciones forzadas de masones como Wilmer Muñoz y Juan Hurtado. El testimonio de Endry Méndez, masón y detective de la policía científica, corrobora estas alegaciones y enfatiza la persistencia de la persecución incluso más allá de las fronteras nacionales.
José Esteban Oria y William Jiménez, exiliados en Estados Unidos y los Países Bajos respectivamente, han asumido un rol destacado en la búsqueda de justicia. A través de la denuncia pública y la presentación de solicitudes de investigación ante organismos internacionales de derechos humanos, han elevado el caso a nivel internacional. El testimonio y las pruebas proporcionadas por ellos refuerzan la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva.
La solicitud para investigar los crímenes cometidos contra los masones también se ha extendido a figuras relevantes dentro del régimen, como Nicolás Maduro y altos funcionarios de las fuerzas de seguridad. La petición se basa en registros documentados de sentencias judiciales y actos irregulares, lo que subraya la gravedad de la situación.
Este esfuerzo no solo busca obtener justicia para los masones afectados, sino también aumentar la conciencia global sobre la magnitud de la persecución y los crímenes sistemáticos perpetrados por el régimen de Maduro. Al exponer estos hechos ante la Corte Penal Internacional, se pretende establecer un precedente y evitar futuras violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
