Venezuela se convierte en nuevo terreno de fricciones entre la UE y Estados Unidos. El duro golpe propinado por la Administración Trump al régimen de Nicolás Maduro en la noche del lunes, cuando anunció la congelación de todos los activos del Gobierno venezolano en el país norteamericano, puede tener efectos colaterales para las compañías europeas que operan en el país, lo que ha provocado la reacción inmediata de Bruselas. «Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales», ha señalado este miércoles un portavoz comunitario.
El castigo norteamericano, que extendió al completo las sanciones al Ejecutivo chavista, ha convertido hacer negocios con Venezuela en una actividad todavía más arriesgada en un entorno ya de por sí crítico, con una economía altamente endeudada, lastrada por la hiperinflación, vaciada de talento por la emigración masiva y con problemas en el suministro de productos básicos como alimentos o medicinas. Pese a esa atmósfera prácticamente posbélica, en el país siguen aún presentes centenares de empresas europeas, entre ellas multinacionales como Air France, Unilever, Total o Repsol, con una inversión total aproximada de 14.000 millones de euros.
Todas ellas pasan a estar desde ahora en la diana de Trump y en el peor de los casos podrían ver incautados sus activos en EE UU. «Estamos analizando en detalle su alcance e implicaciones», añadió otra portavoz europea sobre el impacto de la última arremetida estadounidense. Mientras la UE busca fórmulas para minimizar los daños, las compañías europeas afrontan en Venezuela un escenario similar al que se exponen en Cuba tras la activación de la ley Helms-Burton, que permite demandar a los actuales propietarios de bienes expropiados tras la revolución, y en Irán, donde Washington amenaza con represalias a las firmas que no cesen su actividad tras el abandono de EE UU del tratado nuclear con Teherán.
El asesor de Seguridad Nacional de EE UU, John Bolton, verbalizó el martes en Lima la advertencia de sanciones para las empresas que mantengan sus transacciones en Venezuela.
Fuente Elpais.com